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Por más que nos hemos devanado los sesos en Roma, no logramos encontrar un solo municipio del Valle del Cauca que haya sido tan victimizado por un partido político como Palmira, utilizado entre el 2008 y el 2011 como laboratorio de ensayo de las estrategias más perversas para trasladar los recursos públicos a un proyecto electoral.Palmira

Aunque algunos gladiadores como Crixo y Varro no daban fe a que un solo municipio pudiera servir como chequera para que el Partido de la U se erigiera como la principal colectividad del departamento, el alcalde de la época, Raúl Alfredo Arboleda, les demostró que el pueblo no solo da para sostenerse en el poder, hoy con José Ritter López, sino que sus recursos alcanzaron para ganar muchas otras alcaldías, varias curules en el Congreso de la República y consolidar su partido como el más fuerte del Valle del Cauca.

La estrategia, como la desentrañó el Olimpo, era sencilla; otorgarles contratos millonarios, sobre todo en la Secretaría Jurídica del Municipio, a los candidatos a alcaldías de la U que se quemaron en las elecciones regionales del 2007. Lo que se esperaba de ellos, a cambio de disfrutar del jugoso erario de los palmiranos, era que sumaran a la lista al Congreso del mencionado partido político.

Entonces Benjamín Hilera Rentería, que resultó quemado en el 2007 en su intento por llegar a la Alcaldía de Sevilla con el aval del PIN, recibió en Palmira el contrato PSAG-247-2008 por $10 millones y el MP 3 2009 por $24 millones para asesorías jurídicas. En el 2011 volvió y lo intentó y resultó quemado de nuevo. Los mismos beneficios los obtuvo James Guarín Vásquez, quien fracasó en el intento por ser el alcalde de San Pedro y como premio de consolación le entregaron los contratos OAJPSP-152-2008 por un valor de $15 millones y el contrato MP 18 2009 por $16,2 millones para las mismas asesorías jurídicas en la Villa de las Palmas. Guarín volvió a ser apoyado por el partido y en el 2011 ganó la Alcaldía de San Pedro y poco después fue destituido.

Otro quemado que cayó bien parado en Palmira fue el candidato a la Alcaldía de Guacarí en el 2007, Jorge Enrique Sánchez Cerón, quien recibió el contrato MP 16 2009 por $16,2 millones para hacer “apoyo logístico a la Secretaría Jurídica” del Municipio.  Con una buena inyección económica volvió a aspirar en el 2011 y por fin lo logró. Tras su fracaso en la búsqueda de la Alcaldía de Trujillo, Américo Alfonso Sanclemente recibió el contrato MP 54 2008, que investiga la Contraloría actual de Palmira. Incluso, Luis Mario Castro no pudo llegar al Concejo de su municipio y en mayo del 2008 recibió un contrato por $20 millones.

Pero como Palmira llegó a tener catorce asesores externos y eso en una eventual auditoría de un contralor que no fuera de bolsillo iba salir a la luz pública, entonces otros de los quemados de la U encontraron nido en otros municipios que ganó el partido. Caso Harold Durán Correa, que perdió la Alcaldía de Bugalagrande, pero como ganaron en Andalucía, lo pusieron al frente del Hospital; Rafael Pérez Manquillo, perdió en el 2011 en Dagua y lo pusieron de Jefe de Control Interno de Acuavalle; Carmen Tulia Carmona no logró elegirse en Ansermanuevo en el 2011 y la mandaron como Jefe Jurídica en Cartago, o Alberto Enrique Romero que no logró la Alcaldía de Yumbo en el 2007, pero sí un contrato con el Dagma en Cali.

Con esa lluvia de votos amarrados con contratos auspiciados por la generosa, derrochadora  y adormecida ciudadanía palmirana, los resultados no podían ser inferiores a los obtenidos en las elecciones legislativas del 2010 y las regionales del 2011: nueve alcaldías, una senadora (Dilian Francisca Toro), tres representantes a la Cámara (Jairo Ortega Sambony, Adolfo León Rengifo y Roosevelt Rodríguez) y más de cien concejales.

Varro cree que los políticos quemados no existen y que tras cada elección, los quemados son pueblos enteros que deben solventar los gastos de campaña de los ganadores y mantener mediante contratos a los perdedores de los municipios vecinos, aunque en la gran mayoría de los casos no se presentan sino a cobrar.

Crixo me ha pedido que recuerde que el nombre de Palmira está ligado al saqueo. Ya otra pequeña ciudad siria con el mismo nombre, conocida no como la Villa de las Palmas sino como la Ciudad de los Árboles de Dátiles, fue saqueada y arrasada en el año 273, luego de que fue libertada por el Imperio Romano. Justo donde hoy se levanta la aguerrida ciudad de Homs.

La diferencia es que Palmira, la ciudad siria, estuvo en pie por siglos y tardó más de 200 años su destrucción. En la otra Palmira, la colombiana, bastaron cuatro años de una mala alcaldía para quedar, administrativamente, como las ruinas de Machu Pichu.


A juzgar por las cifras, y pese a que han pasado más de dos mil años, hoy por hoy permanecen en mejores condiciones las ruinas del Coliseo Romano que los restos del Hospital Universitario del Valle, HUV.

El paso de María Lucero Urriago por la Gerencia del Hospital Universitario, primero como cuota de Juan Carlos Abadía y luego reacomodada junto a la senadora Dilian Francisca Toro, fue como una enfermedad terminal que en sólo tres años se apoderó de la institución y, a su salida, no quedó sino el cascarón.

Las pruebas de la más rampante corrupción y de cómo la señora Urriago desvió a intereses particulares los dineros de la salud de los vallecaucanos son irrefutables.   Fueron tres años nombrando a dedo las cuotas de sus jefes políticos, comprando medicina con el 300% ó 400% de sobrecosto, demoliendo y remodelando en un afán desmedido por contratar, dejando la facturación a empresas externas que cobran millonarias comisiones y multiplicando la nómina del HUV a través de cooperativas de trabajo asociado.

Sólo el 1 de enero de este año, se sentó en su oficina y armó todo un parrandón postdecembrino con las cooperativas de trabajo asociado que se lucran con la intermediación laboral. Ese día, mientras los vallecaucanos desenguayababan y recibían el nuevo año, ella se sentó con los representantes de las cooperativas y firmó 17 contratos por más de $2.650 millones de pesos, sólo para ejecutar en el mes de enero. Tres de ellos con Multisalud CTA, por $1.078 millones; siete con la Cooperativa de Médicos y Enfermeras Coomef  CTA, por $743 millones; seis con Contratos CTA, por $768 millones, y uno con Proinser, por $42 millones.

El 1 de enero de 2012, la exgerente del HUV se reunió con las cooperativas de trabajo y firmó 17 contratos por más de $2.650 millones.

Mi amigo Crixo, tan sincero como siempre y quien revisó las facturas del HUV, está convencido que el negocio más rentable para la Urriago fue la sobrefacturación en la compra de medicamentos y los cobros inflados que le hacían a la Secretaría de Salud del Valle por la facturación de los pacientes. En un día, y con un solo paciente o la compra de medicinas, le podían quedar en sus bolsillos y el de sus socios entre $10 millones y $20 millones.

Me subrayó Crixo, por ejemplo, la orden de compra No. 00078101, firmada el 27 de enero de enero de este año para adquirir con Droservicios Ltda. dos mil unidades de Cefepime x 1gr. El precio unitario fue de $13.859, para un total de $27.718.000. Ese mismo día se firmó la orden No.78128 a nombre de Pisa Farmacéutica de Colombia para adquirir mil unidades del mismo medicamento a un valor de $4.500. Es decir, en la primera compra, las arcas del hospital fueron atracadas por más de $18 millones.

Pero más escandalosos aún son los recobros que el HUV le hizo a la Secretaría de Salud del Valle sin que nadie pusiera el grito en el cielo. De acuerdo con la información del mismo hospital, en noviembre del 2011 se atendió a Carlos Gustavo Rodríguez Obregón y se le suministraron medicamentos por un valor de $178.008. Sin embargo, el hospital le envió una factura a la Secretaría por $1.492.260. Un sobrecosto de más de un millón de pesos.

El exceso en los cobros que le hizo el HUV a la Gobernación, por valores que  oscilan entre uno y tres millones de pesos, se repitió en los casos de los pacientes Freddy Harchybool, Johan Sebastián González, Juan Felipe Giraldo, Juana Angulo y Harold López Cano, entre muchísimos otros.

En materia de obras, hubo una ‘contratitis’ sin ninguna planificiación y que terminó con los plazos vencidos, los recursos agotados, las obras inconclusas y  la operatividad del centro médico colapsada porque las construcciones quedaron convertidas en un estorbo.

Entre esos estorbos está el elefante blanco que le heredaron, dicen que fue Jorge Iván Ospina, a la Urriago y que se instaló en la entrada del HUV, unos troncos de aluminio con registradoras tipo bus urbano para controlar el ingreso de funcionarios, que costaron más de $500 millones y aún no se han puesto a funcionar.

En el Olimpo romano han concluido que María Lucero Urriago era como un ‘bypass’ por el cual se escurrían los dineros de la salud pública a bolsillos de empresas amigas y de particulares. El sindicato de la entidad asegura que este asalto se realizó en contubernio con otros funcionarios, como el jefe de Planeación, James Villalba.

El emperador Tito Vespasiano debe sentirse feliz desde su tumba porque dos mil años después su gran obra, el Coliseo Romano,  permanece en pié. La Urriago, por su parte, ojalá le dé siquiera vergüenza porque en  solo tres años acabó con la principal entidad de salud del suroccidente colombiano.

(Con el apoyo de la base de datos http://www.zoomonline.info)

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Raúl Arboleda (cen.) llegó a la Alcaldía de Palmira con el respaldo de la senadora del Partido de la U Dilian Francisca Toro (izq.)

Razón tuvo la senadora Dilian Francisca Toro cuando a comienzos de este año entró en cólera con su esposo Julio César Caicedo y con los directivos del Partido de la U en Palmira porque producto de un ‘descuido’, permitieron que sectores de oposición eligieran una contralora que no responde a los intereses de la congresista.

Sólo ella y el exalcalde Raúl Alfredo Arboleda entendían la magnitud del peligro de que al rancho se le metiera una persona ajena a su movimiento porque abriría la Caja de Pandora que guarda los secretos de cómo se han manejado los recursos de esa ciudad en los últimos cuatro años, como en efecto ha empezado a ocurrir.

Como mandado desde el Vesubio llegó un nuevo gladiador con la auditoría completa que se acaba de realizar al contrato que Arboleda firmó con el honorable abogado Gustavo Adolfo Prado Cardona, que han encontrado plagado de irregularidades, y que le habría generado al Municipio de Palmira un detrimento patrimonial cercano a $1.500 millones (mil quinientos millones de pesos).

Lo absurdo, es que la Auditoria al Contrato MP-281, explica que el mismo fue firmado en junio del 2009 para que Prado “defendiera judicialmente los intereses del Municipio de Palmira, ante las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho” luego de que el exalcalde Arboleda se inventó una reforma administrativa con la que barrió a empleados sindicalizados, ancianos a punto de pensionarse y hasta personas incapacitadas, con el claro propósito de abrir espacio al cartapacho de hojas de vida con el que madrugó la senadora a Palmira un día después de posesionado su discípulo.

Ya me había dicho Crixo, mi inseparable amigo, que el exalcalde Arboleda, atendiendo las órdenes de la senadora, hizo de los recursos de Palmira la caja menor del partido y de la planta de cargos, el talonario de pagos para saldar favores políticos, pero no le había parado muchas bolas.

Gustavo Prado (camisa rosada) acompañó a su esposa Clara Luz Roldán (cen.) durante toda la campaña por la Alcaldía de Cali.

Ahora creen en el Olimpo de los dioses, y no es para menos,  que les habría salido hasta más barato a los palmiranos perder todas las demandas contra el Municipio que haber contratado al costosísimo Gustavo Prado.

Porque ese contrato le representaría al connotado abogado, quien es  el esposo de Clara Luz Roldán, la candidata de la senadora Dilian Francisca Toro a la Alcaldía de Cali en las pasadas elecciones, ingresos anuales por $193 millones durante tres años. Sin embargo, y en la medida en que transcurría la campaña en Cali, al contrato se le fueron adicionando más ceros y al corte de marzo del 2012, ya había pasado de $579 millones a la alucinante suma de $2.100 millones. ¿Pusieron a los palmiranos a pagar la campaña de Clara Luz?, pregunta Crixo. Él mismo responde que la senadora Dilian sabe muy bien como hacer campañas sin gastarse un peso; o al menos no de su bolsillo.

Revisado el contrato, se encontraron diez hallazgos de tipo disciplinario, dos de tipo fiscal y tres de carácter penal porque, entre otros, se hizo sin estudios previos, no hubo criterio para definir el valor, la Alcaldía tenía ya planta de abogados para esa función, el valor se fue ampliando sin motivo, se justificó con demandas de personas que ya habían desistido de sus peticiones, se pagó con vigencias futuras y para cerrar con broche de oro, Prado habría evadido el pago de impuestos.

Lo curioso, y que me han hecho caer en cuenta los dioses desde Roma, es que para marzo ya la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, como lo corrobora el Certificado de antecedentes disciplinarios No. 27317, le había suspendido a Gustavo Prado la licencia de abogado por violar el Artículo 35 de la Ley 1123 del 2007 y el Decreto 176 de 1971, en los que se consagran las “Faltas a la Honradez del Abogado”.

Además, tampoco cree nadie que Gustavo Prado se haya dedicado a defender a Arboleda y a Palmira en el 2010 y el 2011, porque para la época andaba desesperado demandando y buscándoles inhabilidades a todos los candidatos a la Alcaldía de Cali que representaban una amenaza electoral para su esposa. (Ver ‘El J.J Rendón caleño’)

Pero retomando los entuertos de Arboleda, gracias a que la Contralora de Palmira no recibe órdenes de la senadora Dilian Francisca, por el ‘descuido’ aquel, avanza contra él otro proceso por supuestos detrimento patrimonial, celebración indebida de contratos y favorecimiento a terceros por $224.986.352 porque al señor se le ocurrió solo unas semanas antes de dejar el cargo, renovar los equipos de cómputo, mediante el Contrato MP-728 del 2011.

Pero tras de gordo, hinchado, y me refiero a Palmira. En otra auditoría se encontraron documentos que detallan cómo la Secretaría de Educación Municipal gestionaba recursos ante el Gobierno Nacional, de manera fraudulenta, con los llamados ”alumnos fantasmas’, reclamando recursos del Sistema General de Participaciones para la ampliación de cobetura a estudiantes que no existen, como lo corroboró el Sistema de Matrículas, Simat. (alumos fantasmas).

Con tanto enredo, además de las muchas demandas en su contra, desconocen en Roma a qué Santo es que le reza Arboleda, o a qué Santa, para que en Bogotá la Procuraduría haya engavetado todas las investigaciones en su contra.  Incluso, antes de que hiciera sus últimas fechorías, ya había sido destituido e inhabilitado, en primera instancia, durante diez años para ejercer cargos públicos, en mayo del 2011, y más de un año después, los palmiranos siguen esperando que el Ministerio Público se pronuncie en segunda instancia.

POSTDATA: A esa misma Santa a la que le reza el exalcalde de Palmira Raúl Arboleda, se ha encomendado también la señora Alexandra Córdoba, de la línea de la senadora Dilian Francisca, para que el Juez Sexto Civil Municipal de Cali pasara por alto todas las irregularidades que hubo en su elección como gerente de la ESE Suroriente y le permita posesionarse. (ver informe)

Muy seguramente veremos pronto al juez Mauricio Garcés, quien falló en favor de la señora, en una lista de candidatos a magistrado por el Partido de la U, y entonces estaremos atentos para recordarle cuál fue su verdadero mérito.

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POR CONSIDERARLO DE IMPORTANCIA ANEXO LA SIGUIENTE DENUNCIA

Otra perla para el collar de Palmira

Espartaco,

Anexo el Convenio 351, la Denuncia Penal y la Queja disciplinaria (no le agregué la demanda ante la Contraloría Municipal porque esto fue un saludo a la Bandera, al parecer el Ente de Control Fiscal archivo el proceso).

Como podrá observar en la minuta del Citado Convenio y los documentos soportes, es obvio que este proceso no requería de más pruebas que dichos soportes comparados con la normatividad legal vigente. Básicamente, lo que sucedió fue que el alcalde de Palmira, incurrió en una celebración indebida de contrato, dado que evadió adelantar una convocatoria pública para contratar la ejecución de una obra a través del Portal Único de Contratación del Estado (www. contratos.gov.co) y procedió a adjudicarlo de manea directa (a dedo) a través de “Un Convenio” con una Asociación de particulares”, lo cual está proscrito por la Ley para esta modalidad contractual, obra Pública.

Lo cierto es que después de tres (3) años de dar vueltas buscando pruebas innecesarias por fin, el mes pasado la Fiscalía 144 de Palmira  se atrevió a citar a la primera audiencia de precisión de cargos al doctor RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ, ex alcalde de Palmira y sucedió lo que temíamos, no se llevó a cabo dicha  audiencia porque el Juez determinó que no se habían presentado las partes.

La presión que han soportado los Fiscales por parte del Grupo político dominante en este organismo ha rayado con lo inaudito, pero todavía hay esperanzas…

Hoy 20 de junio a las 8:00 a.m.  se tiene prevista la celebración de la citada audiencia de precisión de cargos, esperemos a ver qué sucede.

Un Centurion mas.